Quienes suscribimos este documento somos profesionales de amplia trayectoria en los servicios públicos de atención a la salud mental de Madrid. Con la participación de asociaciones de usuarios hemos desarrollado en estos últimos 30 años un modelo de atención comunitaria a la salud mental apoyado en el trabajo en red con dispositivos sanitarios, sociales, educativos y organizaciones de la comunidad, desarrollado por equipos interdisciplinarios. Organizado en función de las necesidades de la población en cada área de salud. Este modelo ha demostrado, sin lugar a dudas, su eficacia y eficiencia asistencial.
Este modelo ha partido de las líneas generales planteadas por el Informe de la Comisión Ministerial para la reforma psiquiátrica de 1985 y de la Ley General de Sanidad (14/1986), que establecen el derecho a la salud de los ciudadanos
bajo los principios de universalidad, equidad, gratuidad, calidad y accesibilidad.
Sin embargo nos sentimos preocupados por el creciente aumento de los trastornos de salud mental de la población y el deterioro progresivo de las prestaciones y servicios de salud mental. Los Decretos de área única y libre elección de 2010 y el plan de salud mental 2010-2014, eliminan la organización territorial e integran los dispositivos de salud mental en las llamadas “unidades asistenciales funcionales”, dependientes de las gerencias hospitalarias con objetivos de gestión coste/beneficio siguiendo la ley de libre mercado. El Plan de sostenibilidad del sistema sanitario publico de Madrid, establece, entre otras medidas, la privatización de hospitales, centros de salud y de salud mental. Importante reducción de los presupuestos sanitarios y de salud mental, disminución de la ratio de profesionales, amortización de las jubilaciones, contratos eventuales de renovación incierta, etc. Todas estas medidas impiden la consolidación de los equipos asistenciales y desarticulan de hecho el modelo de atención comunitario.
Estas normativas se adecuan a la política sanitaria que convierte la atención a la salud en un negocio, en consonancia con el Decreto Ley 16/2012 que liquida el derecho universal a la salud y lo convierte en un sistema de aseguramiento,
negando la atención a amplios sectores de la población, y con la Ley 15/97 que permite la privatización de los servicios del sistema publico de salud.
Por estas razones nos hemos manifestado, a nivel nacional, mediante la Declaración de Atocha en Defensa de la Atención Pública a la Salud Mental, a la que se han adherido mas de 34 asociaciones profesionales y de usuarios,
con el objetivo de solicitar un debate parlamentario sobre el estado de la salud mental en España. Con este manifiesto nos dirigimos a la Asamblea de Madrid para que asuma las preocupaciones de los profesionales y usuarios con el objetivo de solicitar un debate parlamentario sobre el estado de la salud mental en España.
Con este manifiesto nos dirigimos a la Asamblea de Madrid para que asuma las preocupaciones de los profesionales y usuarios de la salud mental de Madrid, y
SOLICITAMOS:
1. Que se debata en la Asamblea de Madrid la situación de los servicios de Atención a la Salud Mental en nuestra Comunidad.
2. La derogación del Decreto 52/2010 por el que se establecen las estructuras básicas sanitarias y directivas de Atención Primaria del Área Única de Salud de la Comunidad de Madrid.
3. La derogación del Decreto 51/2010 por el que se regula el ejercicio de la libertad de elección de médico de familia, pediatra y enfermero en Atención Primaria, y de hospital y médico en Atención Especializada en el Sistema Sanitario Público de la Comunidad de Madrid.
4. La retirada del Plan de medidas de garantía de la sostenibilidad del sistema sanitario público de Madrid.
5. Que la Asamblea acuerde enviar al Congreso de los Diputados y al Gobierno de la Nación una propuesta de derogación de la Ley 15/1997 sobre habilitación de nuevas formas de gestión del Sistema Nacional de Salud.
6. Así mismo, la derogación del Real Decreto-Ley 16/2012 de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones.
Estas normativas constituyen la base que permite la privatización, la fragmentación del sistema sanitario y la falta de equidad en el acceso a los servicios de salud mental; y no tienen otra finalidad que satisfacer la especulación de los mercados sobre la salud, en detrimento de los derechos ciudadanos y de la integración social de las personas con trastornos de salud mental.
Madrid, 19 de septiembre de 2014
Grupo Madrid. Declaración de Atocha
Teresa Suárez, psiquiatra
Sergio García Reyes, psiquiatra
Enrique Rivas, psiquiatra
Luis Doria, psiquiatra
Jose Luis Lledó, psiquiatra
Manolo Desviat, psiquiatra
Encarna mollejo, psiquiatra
Iván de la Mata, psiquiatra
Ana Castaño, psiquiatra
Pedro Cuadrado, psiquiatra
Alberto Fernández Liria, psiquiatra
Ignacio Vidal, psiquiatra
Diego Figuera, psiquiatra
Ana Isabel Romero, psiquiatra
Antonio Ceverino, psiquiatra
Pedro Pérez, psicólogo clínico
Mª Luz Ibañez, psicólogo clínico
Sara Salas, psicólogo clínico
Emilia Gonzalez, psicólogo clínico
Mayte Almendro, psicólogo clínico
Isabel Cuellar, psicólogo clínico
Francisco Cervilla, psicólogo clínico
Begoña Olabarría, psicólogo clínico
Fernando Mansilla, psicólogo clínico
Consuelo Escudero, psicólogo clínico
Miguel Angel Sánchez, psicólogo clínico
Marisol Pérez, psicólogo clínico
Amparo Núñez, psicólogo clínico
Carmen Orgáz, psicólogo clínico
Carmen Montés, trabajadora social
Agustina Crespo, trabajadora social
Marisa González, enfermera
DECLARACIÓN DE ATOCHA 